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El estudio del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas tiene una importancia de primer orden. Basta con reparar en el hecho de que la capacidad de las entidades religiosas de adquirir y poseer bienes y de actuar en el tráfico jurídico ha ocupado, a lo largo de los siglos XIX y XX, un lugar central en la normativa estatal sobre el factor social religioso. En los últimos doscientos años esta cuestión no sólo ha suscitado arduas polémicas, sino que ha llegado a condicionar el propio devenir de las relaciones Iglesia-Estado. Quizá una de las muestras más claras de lo anterior sea, en el caso español, el polémico artículo 26 de la Constitución republicana de 1931, gran parte de cuyo contenido versaba precisamente sobre la prohibición de que las confesiones religiosas recibieran apoyo económico por parte de los poderes públicos y sobre las limitaciones a la capacidad de las órdenes religiosas de contar con un patrimonio propio y de realizar actividades como la industria, el comercio o la enseñanza. En este orden de cosas no deja de ser significativo que la Ley francesa de Separación entre las iglesias y el Estado, de 9 de diciembre de 1905, que es comúnmente aceptada como la muestra jurídica paradigmática de la laïcité à la française, dedique la mayor parte de su articulado a aspectos económicos y patrimoniales. La trascendencia del tema se ve acentuada, además, porque su carácter problemático no está ligado a un concreto sistema de relaciones Iglesia-Estado. Los dos embates más fuertes que sufre en la España decimonónica la capacidad de la Iglesia católica de adquirir y poseer bienes –la llamada desamortización de Mendizábal y la supresión del diezmo (ambas medidas de 1837)– se producen en un momento en el que Estado Español se define como confesionalmente católico. Es un hecho contrastado que la conflictividad del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas no está exclusivamente vinculada a la política religiosa de cada momento, sino que responde a unas razones que desbordan los márgenes de la actitud del Estado ante el fenómeno religioso. -
El presente trabajo de investigación parte de la consideración de la interpretación como un acto comunicativo polifacético y holístico en el que intervienen numerosos aspectos interrelacionados. El motivo de desarrollar un trabajo en el ámbito de la interpretación especializada, en general, y de la medicina, en particular, surge de la voluntad de poner de manifiesto la complejidad del proceso de la interpretación médica y los múltiples aspectos implicados en el mismo, así como las posibilidades que ofrece este campo a los intérpretes de conferencias con la combinación lingüística inglés-español. Por otra parte, cabe destacar que, tras realizar un primer acercamiento a la literatura existente, detectamos un cierto vacío investigador, ya que se trata de un área en el que existe muy poca bibliografía en comparación con otros ámbitos profesionales en los que se practica la interpretación. -
Esta obra focaliza su contenido sobre los límites a la libertad de expresión e información que tiene una correlación más directa con el individuo, y con su libre desarrollo. Pero estamos convencidos de que la interconexión de estos derechos es clave para el correcto desarrollo social, incluso podríamos ir un poco más allá en la afirmación, y manifestar que son esenciales para el correcto desenvolvimiento de la organización social. En la misma proporción den la que existan desequilibrios en la relación de los derechos de los que nos ocupamos, se producirán en la organización social disfunciones. De igual forma que una equilibrada relación entre libertad de comunicación y derechos individuales produce un efecto cohonestador en la sociedad, la dinamiza y la introduce en una dialéctica positiva. -
SIN DESCRIPCION -
¿Por qué volver a escribir, por qué volver a leer, sobre el derecho a la salud? ¿Por qué hacerlo, además, en torno a su justificación filosófico-normativa? ¿Tiene acaso ello que ver con lo principal, es decir, con su respeto efectivo en unos casos o su violación flagrante en otros? En realidad, las discusiones sobre el derecho a la salud están más abiertas que nunca. Se sigue discutiendo cuál ha de ser el peso del sector público o privado; no parece haber criterios asentados sobre qué prestaciones debe incluir un derecho a la salud; se duda sobre si es posible afirmar un derecho a la salud sin caer en la trampa de su voracidad infinita; se plantea hasta qué punto la garantía del derecho a la salud se puede buscar en los tribunales; se cuestiona si las personas con hábitos o estilos de vida poco saludables merecen determinadas prestaciones. Se plantea si es posible, en términos más abstractos, determinar en qué consiste la salud: cuál es su relación con la enfermedad, hasta qué punto es una construcción histórica y social, y quizá, además, una construcción arbitraria. Se debate, en definitiva, si la salud es un bien especialmente importante –acaso el más importante- o si por el contrario es un bien entre otros, quizá una mera preferencia. Pero más primordiales que estas preguntas son algunas otras que ni siquiera se suelen plantear. ¿Por qué la discusión sobre el derecho a la salud se acaba convirtiendo en una discusión sobre el derecho a la asistencia sanitaria? ¿Por qué, a pesar de la evidencia abrumadora, no se toman en consideración las relaciones entre el derecho a la salud y otros derechos relativos a las condiciones de vida de las personas? ¿Por qué los condicionantes sociales de la salud merecen un tratamiento tan marginal? Todos estos temas aparecen de una u otra manera a lo largo de unas páginas que invitan a repensar el derecho a la salud.
