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    Tanto los medios de comunicación como los operadores jurídicos y los convenios internacionales ya han acuñado el término criminalidad organizada para denotar un conjunto de fenómenos criminales que tiene como base común el ser cometidos utilizando la estructura de una organización de tipo criminal. Sin embargo, si se realiza un detenido análisis de los mismos, se puede comprobar que las similitudes no pasan de tener en común una organización y, ni siquiera este elemento es definible de una manera unívoca, pues puede ser un grupo de personas de 3, 10 o más personas, o la unión de organizaciones, o la unión de un grupo de personas vinculada a instituciones públicas, a empresas, a asociaciones, etc. Las variables que da la realidad son casi tan diversas como las tonalidades del arco iris. Si el positivismo utilizó un método empírico de observación de la realidad para conceptuar categorías generales, observando aquello que se repite con el fin de clasificar géneros y especies, el fenómeno de la criminalidad organizada difícilmente puede entenderse bajo este método, porque ni siquiera aquello que se repite, que es la organización, puede considerarse como un elemento que se presente de manera similar en las diversas modalidades. En este ámbito encajan perfectamente las palabras de Gouldner 1: «si el mundo de la teoría es predeterminado y gris, el mundo de la vida diaria es verde, con posibilidades que necesitan ser cultivadas», denotando la tensión, siempre presente en las ciencias sociales, entre la generalización ideal propia de la teoría (gris) y la riqueza de matices que supone la práctica (verde).
  • Ley Concursal E Insolvencias Punibles

    Autor: Gomez Martin, Fernando

    Editorial: Comares

    Idioma: Español

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    En esta monografía he pretendido relacionar las insolvencias punibles con los procedimientos concursales, particularmente la quiebra y la suspensión de pagos (también el concurso de acreedores), desde la perspectiva contable y financiera, pues su contenido económico es evidente, y con los últimos intentos de reforma concursal en España (1983 y 1996), así como con el nuevo concurso regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, vigente a partir del 1 de septiembre de 2004.

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