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Aunque el nacimiento de la palabra se produce a principios del siglo XVI, la literatura utópica no nace con Tomás Moro sino que mucho antes ya podemos encontrar obras en las que se describen o se sueñan tierras fantásticas, lugares maravillosos en los que las personas que los habitan se gobiernan bajo principios, normas, instituciones y valores completamente diferentes. No obstante, si nos atenemos a la producción cuantitativa de utopías, un momento álgido de la literatura utópica se produce entre 1516 y 1789 pues en entre esos años cuando se publican no sólo las principales piezas de literatura utópica sino también un mayor número.
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El segundo número de la colección Nuevos discursos, se dedica nuevamente a reflejar los trabajos de unas jornadas sobre neologismos (las terceras), que se celebraron en la Universidad Rey Juan Carlos. En esa ocasión, la obra trata el apasionante tema de la creación neológica en nuestra lengua, relacionada con la Sociedad de la Imaginación.
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El presente libro se ha realizado con la intención de ofrecer un análisis lo más exhaustivo e independiente posible, sobre la nueva problemática surgida en la actual “sociedad de la información”, y en especial en el uso de Internet, en relación a los delitos contra la Propiedad Intelectual. De este modo se exponen y analizan cada una de las corrientes y doctrinas existentes, a fin de ofrecer todo el espectro de posibilidades que se plantean en el ámbito de los delitos contra la Propiedad Intelectual, intentando determinar la mejor resolución para cada uno de los problemas que surgen en el tema tratado. Además, uno de los principales propósitos de este libro ha sido el de analizar si el Derecho Penal español, en su regulación de los delitos relativos a la Propiedad Intelectual, cumple eficazmente su voluntad de proteger los intereses patrimoniales de los autores, los editores o los productores, frente a los nuevos comportamientos ilícitos y dañosos de los derechos de Propiedad Intelectual surgidos a la luz de la “sociedad de la información”, lo cual se ha debido en gran medida a la nueva revolución que ha supuesto Internet, al multiplicarse las posibles formas de infracción de los derechos de Propiedad Intelectual.
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La verdadera eficacia del Derecho Penal no se agota en la restauración de la vigencia de la norma desobedecida y quebrantada por el delito mediante la retribución que el castigo punitivo representa, ni en la restauración, reparación del daño o la indemnización de los perjuicios materiales y morales ocasionadas al sujeto pasivo víctima y perjudicados-artículo 110 CP-, como tampoco en la reeducación y reinserción social del delincuente-artículo 25.2 CE- o la prevención esencial y general asignadas como funciones conminatoria y educativa a la pena. Si bien éstas pueden ser admitidas como objeto y finalidad principal de la sanción penal, la sociedad del Estado Social y Democrático de Derecho y de la Globalización demanda otros fines y efectos a un Derecho Penal en el que no sólo la víctima directa, y perjudicados eventuales, de la infracción sean objeto de atención procesal, protección y resarcimiento, sino que más allá de éstas funciones tradicionales debe tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio económico social roto por el delito a favor de sus responsables y terceros beneficiarios, y tanto sean de responsabilidad criminal-artículo 127.3 CP- o responsables civiles directos o subsidiarios, e incluso meros terceros participes lucrativos-articulo 122 CP-, sin desechar a priori la responsabilidad de ampliar éste efecto a los que sean a titulo oneroso-vr. Gr. Articulo 374.3 CP.
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Se cruzan aquí, en el papel, y se han cruzado cara a cara en el seminario que dio origen al texto, ideas y prácticas que provienen de la participación ciudadana, de la gestión de conflictos, las ciencias políticas y la sociología. Confluyen todas en una misma preocupación: ¿cómo intervenir para catalizar la participación horizontal y democrática de los actores en sus propios asuntos?; ¿Cómo evitar que esa intervención se convierta en un instrumento de intereses particulares, a veces de una de las partes, a veces de que de una forma más o menos evidente-y más o menos transitoria-ocupa el lugar del poder en una relación social? Todo el volumen comparte una convicción: la de que las prácticas sociales son y han de ser formadas de teoría, y de que estas teorías viven, se refuerzan y se refunden en las prácticas.
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De forma gradual, se están sentando las bases legales para que ahora todos los actos procesales y las resoluciones judiciales que conforman el proceso puedan realizarse electrónicamente, o transformarse en documentos judiciales electrónicos, cualquiera que sea la forma o el soporte en el que originalmente se han tramitado. En el camino hacia la informatización del proceso civil, el reto ya no se cifra en posibilitar el empleo de la informática como un simple instrumento de trabajo para la elaboración material de actos procesales legalmente pre-vistos en la forma tradicional. Ahora se trata, más bien, de trasformar sustancialmente la organización y el funcionamiento de la Oficina Judicial, con la generalización de las comunicaciones electrónicos, y, al mismo tiempo, establecer sistemas eficaces de conservación y digitalización de la información judicial, como medio de crear vehículos seguros de transmisión y recepción de información por y entre los órganos jurisdiccionales.
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La presencia de criterios materiales de validez en el sistema jurídico y el significado de esta presencia son cuestiones esencialmente controvertidas en el ámbito de la Teoría del Derecho. A partir de la concepción sistemática de lo jurídico planteada por Kelsen es común definir el Derecho como un sistema de tipo dinámico y afirmar que tal carácter dinámico implica que la validez de las normas jurídicas esta en función de criterios exclusivamente formales. Frente a esta visión el presente libro pretende demostrar que los contenidos materiales de las normas necesariamente adquieren relevancia en la determinación y en la justificación de la validez jurídica, examinado la compatibilidad de esta importancia, y de sus implicaciones, con la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral, como rasgo central del positivismo jurídico. La concepción del orden jurídico como un sistema normativo mixto en el que el ejercicio valido del poder esta sometido al cumplimiento de exigencias relacionales tanto formales, o dinámicas, como materiales, o estáticas, contribuye la mejor explicación del modo en el que se contempla y opera socialmente el Derecho. Esta obra tiene su origen en la investigación del mismo título que obtuvo en noviembre de 2007 el Premio Internazionale Norerto Bobbio de la Fundación Rosselli a la mejor Tesis de Doctorado de 2006 en el ámbito de las Ciencias jurídicas.
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.. La persona, como eje a través del cual gira las relaciones de Derecho Privado, ha de ser tratada, en cuanto a su capacidad-incapacidad, atendiendo a su grado de discernimiento y voluntad, además de su entorno que, en las situaciones transitorias, se coloca como un posible factor fundamental de influencia sobre el individuo. De esta forma, con anterioridad, hemos de comenzar por el estudio de la incapacidad legal o aquella que se determina por el propio Ordenamiento Jurídico, para continuar con la capacidad natural y la incapacidad natural transitoria o trastorno mental transitorio que el es verdadero objetivo de esta investigación...
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La obra recoge un conjunto de textos cuya vocación es la de replantear algunos lo de los modos en que la configuración problemática de los espacios se cristaliza en concepciones de género y en las formas de vida que les son aparentemente intrínsecas. Se abordan así, entre otros temas, la cuestión de género como un problema a la vez ontológico y normativo y cómo la noción de género es últil para describir y para regular un cuerpo social sin mezcla. Se pretende también aportar algunos elementos de reflexión en el examen del lugar de lo marginal y lo periférico en la cultura institucionalizada.
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La Ley Desmedida trata de dar cuenta de la desbocada realidad legislativa y de cuanto de conflicto supone imponer un modelo constitucional normativo plagado de contenidos materiales quizá poco respetuosos del sistema de fuentes positivas del Derecho, de la separación entre el Derecho y la moral, de las garantías judiciales y de la seguridad jurídica. Pero lo hace con la perspectiva crítico-constructiva de impulsar la mejora del Derecho en el horizonte claro de la rehabilitación de una teoría y una técnica legislativas que reemprendan el camino abandonado por el iuspositivismo formal aunque sin abandonar la evidencia de la positividad y conformándose a las condiciones y exigencias que caracterizan a la sociedad múltiple, compleja y reclamante que campa por la realidad actual.
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En el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 el derecho de transformación constituye, sin lugar a dudas, un derecho de gran aplicación práctica, si bien en contraste con ello, destaca tanto la insuficiente delimitación de sus límites, como su escaso tratamiento. De ahí que con mayor frecuencia de la destacada, la doctrina se haga eco de la incertidumbre que subyace entorno a este derecho, puesto que, por si fuera poco, en el Texto Refundido se le presta escasa atención pese a que se aborda desde distintas perspectivas, lo que, lejos de contribuir al esclarecimiento de sus límites, favorece la creación de mayor confusión al respecto. Además, en múltiples ocasiones se produce un problema de delimitación de este derecho de explotación en el derecho de reproducción, e incluso, a veces, ante la transformación de una obra intelectual también entra en juego el derecho moral a la integridad de la obra, derecho que, a su vez, se encuentra muy relacionado con el derecho que tiene el propio autor a modificar su obra.
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El fenómeno de la globalización constituye, sin duda alguna, una de las claves explicativas de nuestro tiempo. Su capacidad transformadora está transmutando drásticamente los procesos socioeconómicos y forzando, simultáneamente, un amplio repertorio de cambios complejos que alcanzan a los diferentes ámbitos de la vida social, desde la política a la cultura, desde las relaciones humanas hasta el derecho. Ante la irrupción de la multiplicidad de fenómenos que desencadena la globalización, los viejos modelos de la Teoría jurídica y de la Ciencia del derecho se muestran anacrónicos y manifiestan su inadecuación conceptual para aprehender y explicar realidades novedosas. Comienza a emerger, de manera paulatina, un nuevo paradigma del derecho cuyos contornos se contemplan ya con nitidez. Es un paradigma plural de lo jurídico, que nace al abrigo de la desterritorialización del derecho...
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Esta obra focaliza su contenido sobre los límites a la libertad de expresión e información que tiene una correlación más directa con el individuo, y con su libre desarrollo. Pero estamos convencidos de que la interconexión de estos derechos es clave para el correcto desarrollo social, incluso podríamos ir un poco más allá en la afirmación, y manifestar que son esenciales para el correcto desenvolvimiento de la organización social. En la misma proporción den la que existan desequilibrios en la relación de los derechos de los que nos ocupamos, se producirán en la organización social disfunciones. De igual forma que una equilibrada relación entre libertad de comunicación y derechos individuales produce un efecto cohonestador en la sociedad, la dinamiza y la introduce en una dialéctica positiva.
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La necesidad de adoptar mecanismos procesales y judiciales que garanticen la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye un objetivo de los Estados, tanto en el ámbito internacional como el comunitario. A pesar de haber adoptado diversas directivas comunitarias – en particular, la Directiva 2004/48 sobre la observancia de los derechos – y tratados internacionales – el Acuerdo ADPIC, en el marco de la OMC – para garantizar este objetivo, la efectividad de los mismos en Europa disminuye cuando los litigios en los que se ven inmersos los titulares de estos derechos adquieren un carácter transfronterizo. Ello es debido a que el sistema de competencia judicial internacional vigente en la Comunidad Europea – establecido en el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos sobre derechos de propiedad industrial comunitarios – presenta algunas carencias constatables en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por un lado, el sistema impone obstáculos para que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan concentrar ante un mismo tribunal sus demandas por infracciones de derechos sufridas en una pluralidad de Estados. En muchos supuestos, para obtener una protección integral de sus derechos, los titulares se ven obligados a presentar demandas en cada uno de los países en los que se ha sufrido la infracción, circunstancia que alarga enormemente los procesos, encarece el acceso a la justicia y, además, resta seguridad jurídica, pues los tribunales de un Estado no están obligados a adoptar la misma sentencia que se ha adoptado en otro. Por otro lado, como queda demostrado por la práctica judicial en ciertos Estados miembros, ciertas disposiciones del Reglamento 44/2001 son utilizadas fraudulentamente por los infractores de derechos de propiedad industrial e intelectual para dilatar la duración de los procesos, circunstancia que, de nuevo, erosiona el objetivo de garantizar un alto nivel de protección de estos derechos. Entre otras estratagemas, nos referimos a la práctica de los “torpedos” – la presentación de una acción declarativa de ausencia de infracción en un Estado para paralizar cualquier acción por infracción que el titular de los derechos pueda presentar ante los tribunales de cualquier otro Estado miembro – o a la presentación de acciones o excepciones de nulidad del derecho de propiedad industrial ante los tribunales del Estado de registro para paralizar los procedimientos sobre infracción de dichos derechos iniciados ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado. El presente trabajo está destinado analizar estas carencias del régimen de competencia judicial internacional en materia de propiedad industrial e intelectual establecido por el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos de derechos de propiedad industrial comunitarios. Se pretende, también, ofrecer propuestas para solucionar estos problemas y facilitar que, además de garantizar el principio de seguridad jurídica y el derecho de defensa que asiste a todo demandado, el régimen de competencia judicial internacional comunitario asegure ese otro objetivo de las instituciones consistente en la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual.
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Sin stockLa conquista de una plena igualdad entre mujeres y hombres requieres la superación del orden jurídico-político y cultural del patriarcado. Ello pasa necesariamente por la revisión de la masculinidad hegemónica y de un contrato social hecho a imagen y semejanza del diligente padre de familia. Una tarea que ha de empezar por el análisis crítico de la identidad masculina y que ha de proyectarse finalmente en los dos ejes que articulan un sistema constitucional: la ciudadanía y el poder. O lo que es lo mismo, por la asunción de que los hombres también tenemos género y de que la democracia o es paritaria o no es.
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Sin stockLos estudios recogidos en el presente volumen proceden de las Ponencias presentadas por sus autores a los largo del Seminario de la Filosofía del Derecho integrado en los trabajos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Los temas estudiados en este Seminario tienen carácter común de referirse a la Teoría del Derecho, o sea, a investigaciones transversales en todo el campo del Derecho. Relevancia Jurídica, Capacidad Jurídica, Licito e ilícito jurídicos, Responsabilidad Jurídica. Este último concepto requiere mayor profundización y abarca mayor diversidad: no en vano la noción de “responsabilidad” es comprensiva de toda la realidad jurídica, en paralelo con las nociones de “libertad” y de “coacción”, matices por tanto presentes en todos los estudios que puedan ser referidos a una materia jurídica cualquiera. Se trata la necesaria reflexión sobre conceptos fundamentales del pensamiento sobre la realidad jurídica, observando si vigencia en diversos sectores de la teoría y de la practica jurídica, para circunscribirse las nociones fundamentales del Derecho y aproximarse con mayor exactitud y rigor a teorías jurídicas ampliamente convincentes.
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La importancia de la obra reside en la conveniencia, hoy día, de elaborar una nueva Moral Internacional, dada su estrecha relación con las múltiples y actuales monografías relativas al Derecho Internacional y a las Organizaciones Internacionales así como a las Relaciones Internacionales (Teoría y Realidad), que en contraste se publican en una incesante y continua actualización. La obra se estructura en cuatro partes: Las bases doctrinales de la Moral Internacional; Hacia la comunidad humana mundial; La moral de la paz y de la guerra; y La moral internacional de los pueblos en vías de desarrollo. Carlos Corral Salvador es Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid) y Doctor en Derecho Canónico (Pontificia Università Gregoriana). Ha ejercido la docencia desde 1960. Primero, en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid hasta 1999 como Catedrático de “Derecho Público Eclesiástico y Relaciones de la Iglesia y el Estado”; y, después al tiempo, en la Universidad Complutense de Madrid como Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Departamento de Relaciones Internacionales) hasta 2004. Entre sus libros destacan Derecho Eclesiástico Internacional (2012), Derecho internacional Concordatario (2009), Confesiones religiosas y Estado Español (2007), La relación entre la Iglesia y la Comunidad Política (2003) y Acuerdos España Santa Sede (1999).
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¿Desde qué modelos intelectuales venimos “abordando” y “gestionando” habitualmente (con sus virtudes y sus defectos) la nación y el nacionalismo –y las cuestiones en general de las identidades colectivas– en el ámbito europeo? Respondo a esta pregunta –que recorre todo el libro– examinando (y reconstruyendo) los debates y enfoques intelectuales sobre el hecho nacional que, desde el inicio moderno de las naciones hasta prácticamente la segunda guerra mundial, han sido más persistentes y se encuentran más arraigados entre los intelectuales europeos. Debates y enfoques, a considerar por ello “clásicos”, relacionados con 3 ámbitos teoréticos muy concretos: la Historia, la Sociedad civil y el Estado. Y que han ido configurándose entre 1762 y 1936. El debate inaugural que ha reunido el interés de los intelectuales (Capítulo 2) tiene lugar en el ámbito de la “teoría de la Historia” y ha significado el intento (a partir del s. XIX, aunque arranca a finales del s. XVIII) de legitimar (o, a veces, impugnar) a una nación a través de la construcción o deconstrucción de la narración de su memoria colectiva en la Historia. El segundo gran debate (Capítulo 3) tiene como sede la “teoría social” (o teoría de la sociedad) y versa (desde la segunda mitad del s. XIX) sobre la “clase de fundamentación” con la que concebir a la Sociedad civil para que constituya una nación (es decir, los tipos de nación). Y, finalmente, el tercer debate capital hasta la segunda guerra mundial (Capítulo 4) se desarrolla, desde inicios del s. XX y a raíz del principio de las nacionalidades, en el campo de la “teoría del Estado”; abordando cómo ha de construirse la integración dogmática de la nación (su “status político”) en el núcleo conceptual del Estado (a modo de un “elemento” más del mismo) y, en general, en la doctrina estatal. Las respuestas (numerosas y enfrentadas) de los eruditos en cada una de estas tres grandes controversias han generado –en un sentido teorético y metodológico– modos paradigmáticos de enfocar el hecho nacional, es decir, “modelos (o arquetipos) intelectuales” desde los que afrontarlo y comprenderlo, y que han venido a articular formas típicas de gestionarlo. Se trata, en definitiva, de las visiones más populares y de más éxito entre los intelectuales desde el inicio moderno de las naciones hasta aproximadamente la segunda mitad del s. XX. El libro, por tanto, dá cuenta de casi 175 años de pensamiento europeo sobre el tema “nacional” (1762-1936) a través de esos arquetipos intelectuales. Aun la aparición de enfoques más contemporáneos a partir de la segunda posguerra mundial, en la actualidad (con sus efectos positivos y negativos y sus equívocos que el libro también constata), dichos modelos intelectuales (“clásicos”) siguen generando buena parte de la “opinión pública” con la que en nuestros Estados de Derecho nos posicionamos ante las cuestiones nacionalistas y las identidades colectivas.
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El autor, considerado como el “decano” de los Abogados defensores de los Pacientes en nuestro país, de forma absolutamente sencilla y clara, con lenguaje comprensible para todos pero no exento de rigor profesional, aborda en este libro el novedoso y palpitante tema de las Cirugías y Anestesias Estéticas y de otros tratamientos de embellecimiento y “anti-aging”, subrayando sus riesgos reales e, incluso, citando casos de esta naturaleza juzgados por los tribunales en los ámbitos penal, civil y contencioso-administrativo. Pero el autor, además, incluye un capítulo que denomina “Trece recomendaciones muy prácticas para los Pacientes” en el que, de acuerdo con la experiencia ganada durante mas de 30 años dedicado a la defensa de los Pacientes (cuando publicó en 1976 su primer libro titulado Negligencias Médicas), ofrece unos valiosos consejos, eminentemente prácticos, que van desde cómo escoger al mejor cirujano estético posible, a cómo evitar los malos y engañosos profesionales; la importancia absoluta de la información como elemento imprescindible de la seguridad sanitaria; la exigencia del Consentimiento Informado, aportando en el Anexo del libro, para beneficio de los pacientes, 15 modelos para distintas especialidades estéticas, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: cómo evitar la seducción de la publicidad engañosa; y hasta las prevenciones que habrían que observar en el momento del pago del servicio estético contratado. Es, en definitiva, un libro absolutamente necesario para proteger nuestros intereses actuales como consumidores y usuarios de servicios médico-estéticos.
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En esta obra, una de las cuestiones que se plantea es qué papel juega el derecho en la preparación de las guerras, en concreto, qué papel juega en la regulación de las exportaciones de armamento. Para responder a esta cuestión, se analiza la regulación legal de los controles administrativos a los que se somete la exportación de material de defensa y de doble uso. La perspectiva que se adopta es critica, tanto en la regulación existente como con la práctica administrativa en esta materia. El aspecto más escandaloso es que los datos sobre las exportaciones de armamento y de doble uso son secreto de Estado…
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Recopilación de trabajos de investigación sobre temas que giran en torno a la “responsabilidad jurídica”, cuyos autores por su preparación y experiencia aportan aspectos y matices prácticos sobre el tema o trabajo tratado. El nacimiento de la obligatio como vinculum iuris llevó aparejado la necesidad de apertura de un cauce priocesal especifico en el que se permitiera al iudex la condena a los que se debía dar o hacer (dare facere oportere) contenido en el acuerdo verbal de la sponsio. Mediante la legis actio iudis postulationem se produjo el nacimiento del concepto procesal de actio como derecho a perseguir en el juicio lo que nos es debido…